Notas

El Informe forma parte de una serie de publicaciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y plantea el desafío de consolidar la integración sociourbana como política de Estado.

Diciembre 2023

La Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) de la Nación, que desde septiembre de 2020  se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, lleva adelante un conjunto  de acciones y políticas que tienen como objetivo principal el desarrollo humano integral de las y los habitantes de los barrios populares.

Los sectores más postergados de la sociedad han encontrado históricamente en la ocupación de terrenos la forma de lograr acceso al suelo urbano y la vivienda. De esta forma se consolidaron en el país más de 5687 barrios populares (según el registro actualizado de mayo de 2022), comúnmente llamados villas, asentamientos y urbanizaciones informales, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, déficit en el acceso formal a los servicios básicos, y una situación irregular en la tenencia del suelo. 

Es preciso señalar que, técnicamente, se denomina barrio popular a “aquel donde viven al menos ocho familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuente con título de  propiedad del suelo ni acceso regular a dos o más de los servicios básicos: agua corriente, electricidad con medidor domiciliario y/o red cloacal”. En estos barrios habitan casi cinco millones de personas.

La creación de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), junto a la previsión del financiamiento y del marco legal correspondiente, ha permitido la implementación de iniciativas para mejorar el acceso a derechos y la calidad de vida de quienes habitan en los barrios populares.

Por medio del trabajo articulado con los gobiernos provinciales y municipales, se han venido implementando acciones orientadas al reconocimiento de la existencia de los barrios populares; al relevamiento y registro de las condiciones de vida y necesidades de sus habitantes; y a su progresiva urbanización e integración a la trama sociourbana.

Los desafíos de la integración sociourbana

Los barrios populares no están integrados a la trama sociourbana de las ciudades, y por ello hay muchos problemas estructurales que deben ser tenidos en cuenta al momento de elaborar los proyectos. Esto implica desarrollar estrategias que permitan avanzar con las obras, sin dejar de lado los procesos de factibilidad técnica y los riesgos ambientales. Abordar estas dificultades es un trabajo de mediano y largo plazo que se lleva a cabo en coordinación con provincias, municipios, prestadoras de servicios públicos, organizaciones sociales y de la sociedad civil, y otros organismos competentes.

En esta línea, la SISU impulsa tres tipos de proyectos de Integración Sociourbana: la ejecución de Proyectos de Obras Tempranas (POT), la formulación y elaboración de un Proyecto Ejecutivo General para la Integración Socio Urbana (Pre-PEG) y la implementación de un Proyecto Ejecutivo General (PEG) para la integración sociourbana. Para marzo de 2023, la provincia de Buenos Aires concentraba más del 50% de las obras financiadas, con predominancia de los Proyectos de Obras Tempranas.

Asimismo, la línea Lotes con Servicios tiene como objetivo la conformación de lotes destinados a los sectores populares, con finalidad de vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Se trata de brindar acceso al suelo con servicios básicos, desagües cloacales y pluviales, alumbrado público, calles, arbolado, veredas, espacios verdes públicos, equipamiento comunitario y/o áreas productivas que se requieran en cada caso.

La línea Mi Pieza, por su parte, está destinada a mujeres mayores de 18 años, argentinas o con residencia permanente, que habiten en un barrio popular del RENABAP y que cuenten con Certificado de Vivienda Familiar. El programa tiene por objeto otorgar, mediante recursos del Fondo de Integración Socio Urbana, subsidios para la compra de materiales y contratación de mano de obra. Las obras pueden corresponder a mejoramiento de techo, pared, piso y/o aberturas; división de interiores; refacción menor de plomería y/o electricidad; y ampliación de vivienda. Al mes de marzo de 2023 se habían realizado siete sorteos y 191.059 mujeres de todo el país eran beneficiarias activas del programa.

La gestión territorial como eje del trabajo

Desde la SISU se ha puesto en el centro el reconocimiento del territorio a partir de  múltiples estrategias.

En primer lugar, se promovió la participación comunitaria mediante la implementación de Mesas de Integración Barrial (MIB) que consisten en reuniones con vecinas y vecinos de cada barrio popular en las que se piensa colectivamente cuáles son las principales necesidades. Asimismo, el Taller Caja de herramientas pone a disposición todos los insumos, métodos y normativas existentes para que las y los habitantes de los barrios populares puedan conocerlas, apropiarse de ellas y organizarse en pos de defender sus derechos y lograr un hábitat digno.

En segundo lugar, se realizaron operativos todos los días en distintos barrios populares registrados en el RENABAP para la entrega del Certificado de Vivienda Familiar (CVF), junto con la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), y para la venta de garrafa social, junto con la Secretaría de Energía.

En tercer lugar, mediante relevamientos y cartografía se procuró obtener un conocimiento más preciso sobre las realidades de los barrios a fin de orientar los proyectos de integración sociourbana. Información específica como el detalle de la ubicación de cada vivienda, la identificación de los nombres de calles y pasillos, y la localización de las familias, colabora por ejemplo con la gestión del Certificado de Vivienda Familiar y en la regularización dominial. Se relevaron además organizaciones comunitarias.

Por último, se brindó asesoramiento jurídico a las familias. A partir de la sanción de la Ley 27.453 (2018) se prohibieron los desalojos por cuatro años en los barrios populares registrados en el RENABAP. En este marco legal, la SISU articula con los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) del Ministerio de Justicia el trabajo de difusión de información y prevención de situaciones de desalojo.

Como queda a la vista, las líneas de acción desplegadas son variadas y abarcan diferentes aristas de la problemática sociohabitacional. El esfuerzo por lograr una política sólida para un desarrollo integral de los habitantes de barrios populares implicó, por un lado, múltiples convenios y articulaciones con organismos del estado y organizaciones de la sociedad civil y, por otro lado,  la producción de  informes  e investigaciones para generar datos sobre las dimensiones sociales, económicas y demográficas de dichos barrios.

Una política de Estado

La integración sociourbana constituye una tarea a largo plazo que demanda la articulación de los niveles nacional, provincial y municipal.  Se presenta así el desafío de continuar desarrollando esta política bajo el modelo federal. Junto con ello, se plantea el sostenimiento de una gestión territorial y participativa con el involucramiento y aportes de vecinas y vecinos y de organizaciones comunitarias, en las distintas instancias de implementación de las acciones y en la construcción social del propio hábitat.

Como se ha demostrado, las políticas de integración sociourbana deben conciliar el  abordaje de las cuestiones más urgentes con aquellas deudas históricas en los  barrios populares. Hacerlo de un modo planificado y basado en un diagnóstico permite  diseñar estrategias de abordaje más viables y pertinentes frente a una problemática tan compleja y de múltiples dimensiones.

En este sentido, es imprescindible sostener las tareas de relevamiento y cartografiado en los barrios como respuesta a la necesidad de permanente actualización de la  información, de monitoreo de las acciones y de realización de los ajustes necesarios.

En términos del financiamiento de las acciones que se desarrollan en cumplimiento de la Ley de Barrios Populares y su reglamentación resulta oportuno señalar que el fideicomiso constituye una vía innovadora que sería deseable analizar para definir estrategias que permitan sostenerlo en el tiempo, cuando los fondos extraordinarios ya no se encuentren disponibles.

Todos estos elementos son imprescindibles para consolidar a las políticas de integración sociourbana como políticas de Estado.

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